Posicionamiento GPPAN respecto al dictamen de Auditoria

El día de hoy votaremos el expediente de responsabilidad del ex mandatario, Mario Anguiano Moreno, quién junto con su pandilla de saqueadores, dejaron a nuestro estado en una de las situaciones financieras más complicadas de los últimos años.

En su informe del resultado, el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, informó a esta soberanía que el proceso de fiscalización se realizó conforme a las disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y la Ley de Fiscalización Superior del Estado, bajo la directriz del Acuerdo de Revisión de Situación Excepcional, radicado bajo expediente EXCEPCIÓN/01/2015, del 14 de septiembre de 2015 autorizado por el Auditor Superior Del Estado, el L.A.F. CARLOS ARMANDO ZAMORA GONZÁLEZ.

Los ejercicios auditados fueron los años de 2013, 2014, y el período comprendido del 01 de enero al 31 de agosto de 2015. Dentro de sus conclusiones El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental informó que la pasada administración estatal, que encabezó Mario Anguiano Moreno, desvío más de 2 mil 119 millones de pesos, lo anterior en fines distintos a los autorizados en el Presupuesto de Egresos así como la simulación de reintegros a fondos federales.

El informe, que fue entregado a la Comisión de Hacienda del Congreso del estado, reportó que el desvío más grande fue detectado en el rubro de servicios personales, donde fueron encontrados mil 867 millones de pesos, que originalmente fueron presupuestados para obra pública.
La auditoría también refleja que se registró una simulación de reintegros de fondos federales por el uso irregular de recursos durante los tres años auditados, esto por 242 millones 839 mil pesos. Aunado a ello, se detectaron gastos en alcohol, viajes y comidas no autorizadas por un monto de 6 millones 578 mil pesos por parte del despacho del gobernador.

Sobre el tema de Seguridad Pública, se observó que se gastaron 2 millones 632 mil pesos en cursos de capacitación que nunca fueron realizados.

Entre las sanciones propuestas por el órgano fiscalizador se contempla la inhabilitación para ocupar cargos públicos al ex mandatario colimense hasta por nueve años, así como sanciones económicas resarcitorias hasta por 45´148,685.70.

Lo anterior, me parece una burla para la sociedad colimense, es tanto como decirle a los funcionarios públicos en funciones, “roba todo lo que quieras y nada devuelvas”, señores, es inconcebible, hablamos de dos mil ciento diecinueve millones de pesos desviados del erario público, y me parece que las acciones que debería de emprender esta soberanía tendrían que ser ejemplares, no es posible que con poco menos de cincuenta millones de pesos el señor Anguiano se pueda “poner a mano”.

Como legisladores, es momento de pasar a la historia, y sólo podemos hacerlo de dos formas, bien sea como un congreso celoso de los intereses de la sociedad que representamos, o sólo como una más de las anteriores legislaturas, agachonas y acotadas por el poder público, en lo personal apelo a la integridad de cada uno de mis compañeros, para hacerlo en la primera de las formas mencionadas.

Por otra parte, en declaraciones que respecto del tema en particular ha vertido nuestro mandatario estatal, se ha pronunciado en el sentido de “que hará todo lo que compete a sus facultades para evitar que existan actos de corrupción, y advirtió que los ex funcionarios que hicieron un uso inadecuado de los recursos públicos pagaran las consecuencias que la ley establece”.

Desde esta tribuna, yo sería el primero en aplaudirle a nuestro mandatario si es que esto ocurriera, porque se puede, porque la Ley lo contempla, porque existen ejemplos claros de que cuando existe voluntad de hacer bien las cosas, estas suceden, si no vean lo que ha pasado en estados como Veracruz, Sonora, Quintana Roo, Tabasco, Michoacán, Aguascalientes, Nuevo León, Coahuila o Tamaulipas, estados en donde sus ex mandatarios han sido, detenidos o se encuentran sujetos a proceso, precisamente por cometer este tipo de actos de rapiña, (no los puedo llamar de otra forma).

Es momento señor Gobernador, de que empiece a pensar en esta sociedad que gobierna, la Ley contempla mecanismos para que efectivamente se castigue con todo su peso a los ex funcionarios que osaron transgredirla.

Quítenle al señor Anguiano sus fincas, sus ranchos, embárguenle sus caballos, vendan sus vehículos, hagan pues lo que sea necesario, para recuperarle a Colima esos recursos indebida e irresponsablemente dilapidados por “Don Mario y su Pandilla”, y con ese dinero invierta en salud, por ejemplo, donde no existen ni siquiera aspirinas para los usuarios de estos servicios, pague la deuda que le heredó con el magisterio, pero sobre todo, INVIERTA en la seguridad de nuestro Estado, que tanta falta le hace, capacite a nuestros policías, invierta en tecnología para prevenir el delito, pero sobre todo, haga un saneamiento en los cuerpos de seguridad, o estando tan ausente de nuestro estado ¿tampoco sabe que éstos están infiltrados por el crimen organizado?.

Si su teoría es cierta Señor Gobernador, y si efectivamente los homicidios sólo se dan entre miembros de células delictivas, ¿cómo explica la Muerte de Jaime Vázquez Montes, quién hasta el mes de julio de 2016 fuera delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en nuestro Estado? ¿O de Daniel Cortés Carrillo quién hasta el pasado mes de agosto fungió como Director General de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo? ¿O el artero asesinato perpetrado esta mañana en la persona de Crispín Gutiérrez Moreno, quién hasta el día de hoy fuera Presidente Municipal de Ixtlahuacan?

Y si, se que usted dirá: “Son sólo casos aislados”, o como diría el famoso personaje del chavo del ocho, caracterizado por Roberto Gómez Bolaños… “Es que no me tienen paciencia”, le informo Señor Gobernador que a dos años de su gobierno, a la sociedad colimense se nos ha agotado la paciencia, sobre todo cuando sus evasivas respuestas respecto del tema que nos ocupa, denotan únicamente la disfuncionalidad de la estrategia planteada por su Administración, respecto del tema de seguridad Pública, lo anterior aunado a la ineptitud de los funcionarios que están al frente de las instituciones encargadas de velar por los intereses de nuestra sociedad, y que paradójicamente son los mismos que la tienen sumida en el caos en que actualmente vive nuestro estado.

No podría concluir mi intervención sin hacer referencia, a la impunidad con la que en el presente dictamen se trata al actual dirigente del Partido Revolucionario Institucional en el Estado, el Ciudadano Rogelio Humberto Rueda Sánchez, ello es así en virtud de que los compañeros diputados que integran la comisión dictaminadora omitieron imponer al dirigente de referencia, las sanciones propuestas por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, visibles a fojas 114 y 115 del Informe del Resultado de Revisión de Situación Excepcional, radicada bajo número de expediente EXCEPCION/01/2015.


Concluyo mi intervención preguntándole ¿Hasta cuándo señor gobernador?, o debo preguntarle ¿Quién será el próximo señor gobernador?