LEGISLADORES PRETENDEN SANCIONAR LA VIOLENCIA DIGITAL CONTRA MUJERES

Buscan reformar el Código Penal y establecer que comete delito de violencia digital quien “hostigue o envíe contenido no requerido una o más veces a través de tecnologías de comunicación, redes sociales, correo electrónico, mensajería instantánea, etc.

Con la finalidad de “endurecer” las penas contra agresiones “vía digital o uso de plataformas digitales” en contra de mujeres, la Quincuagésima Novena Legislatura Local propuso realizar reformas al Código Penal del Estado, en las cuales se pretende imponer “penas de once meses a seis años de prisión y multa” a quienes utilicen esas tecnologías para “hostigar a las mujeres”.

La diputada petista Ana Karen Hernández, con el respaldo de todas las fracciones legislativas representadas, afirmó que en el Estado sufre de altos índices de “violencia digital” contra este grupo social.

La reforma al Código Penal establecerá que comete delito de violencia digital quien “hostigue o envíe contenido no requerido una o más veces a través de tecnologías de comunicación, redes sociales, correo electrónico, mensajería instantánea, etc. y dañe la dignidad personal u otro bien tutelado por la norma”.

Además, “se impondrá pena de once meses a seis años de prisión y multa en el momento de la comisión del delito, que será más severa cuando la víctima sea menor de edad. Se penalizará de seis a diez años de prisión y hasta 500 días-multa a quien contacte menores de 18 años que no comprendan el significado del hecho y aún con su consentimiento no pueda resistirlo y requiera imágenes o audios de actos de connotación sexual, o solicite u encuentro sexual”.

También especifica la violación a la intimidad sexual, conducta que “se sancionará de tres a seis años de prisión y multa de mil a dos mil días multa al momento del delito, que se perseguirá por querella de la víctima, salvo que sea niña, niño, adolescente o persona con
discapacidad que vicie su consentimiento en cuyo caso se perseguirá de oficio.

Otra figura que propone es la de violencia política y se sancionará a quien dolosamente
“anule o limite derechos políticos o funciones públicas a una mujer por razones de género, y se impondrá de dos a cuatro años de prisión y de cien a cuatrocientos días-multa”.

Para efectos de este delito, se presume que existen razones de género “cuando existan situaciones de poder que den cuenta de un desequilibrio en perjuicio de la víctima, o existan situaciones de desventaja provocadas por condiciones del género”.