IMPUGNA INDIRA VIZCAINO DICTAMEN DEL TEPJF POR USO ELECTORAL DE PROGRANAS FEDERALES

Se defienden Súper delegados por dictamen del TEPJF que consideró que funcionarios realizaron actos de propaganda gubernamental con elementos de promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos con la entrega de programas sociales,

Una vez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dictaminó que servidores públicos federales en los Estados difundieron el nombre y los logros de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador al entregar programas sociales, la Delegada Estatal de Programas para el Desarrollo en Colima, Indira Vizcaíno Silva, junto con 23 súper delegados presentaron una impugnación ante dicha instancia.

Dicha impugnación presentada ante el órgano electoral exige que se “determine que no violaron la Constitución, bajo el argumento de que cumplieron con las reglas de los programas y no desviaron recursos públicos”.

Es de señalar que en el año pasado (27 de diciembre) el pleno de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), determinó que la entrega de programas sociales por personal de la Secretaría de Bienestar del gobierno federal constituyó propaganda gubernamental con elementos de promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos, ya que pudo ser identificable el nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de la indumentaria que portaban, así como la mención a logros cumplidos en diversas frases y discursos emitidos durante la entrega.

En la resolución, no se le atribuye responsabilidad alguna al presidente de México, porque no autorizó el uso de su nombre e imagen, ni participó en los hechos denunciados. Tampoco se concretó esa responsabilidad al partido político Morena.

En cuanto a María Luisa Albores González, titular de la Secretaría de Bienestar, y Gabriel García Hernández, coordinador general de Programas para el Desarrollo del Gobierno Federal, se concluyó que no son responsables de las infracciones ya que la ejecución de los programas sociales es responsabilidad de las y los titulares de las Delegaciones Estatales.

Se determinó que 36 servidores y servidoras públicas (en delegaciones, subdelegaciones regionales y “servidores de la Nación”) realizaron actos de propaganda gubernamental con elementos de promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos con la entrega de programas sociales, que además se difundieron en diversas redes sociales de estas personas del servicio público y en notas periodísticas.

También se advirtió que la propaganda gubernamental denunciada pudo vulnerar el interés superior de la niñez, ya que en diversas publicaciones se observa su imagen, sin que se demostrara contar con el consentimiento y la opinión tanto de las niñas y los niños, como del padre, madre o tutor.

Desde el punto de vista del PRD, se implementó una supuesta campaña en la que personal de la Secretaría de Bienestar (delegaciones, subdelegaciones regionales y “servidores de la Nación”) realizaron diversas acciones, tales como el levantamiento de un censo y la distribución de programas sociales, mediante los cuales promocionaron el nombre y logros del presidente de México y el partido político Morena, con el fin de posicionarse política y electoralmente frente a la población e influir en los próximos procesos electorales locales y federales.

Además, para el desarrollo de estas actividades, portaron chalecos, mochilas, gorras y gafetes, y visitaron a la ciudadanía en sus domicilios, con el propósito de registrar a posibles beneficiarios/as y entregar tarjetas bancarias para dichos programas sociales.

SE DEFIENDEN DELEGADOS

Ante ello, al menos 23 súper delegados impugnaron la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en el sentido de que 36 servidores públicos difundieron el nombre y los logros de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador al entregar programas sociales.

Por ello, pidieron al TEPJF determinar que no violaron la Constitución, bajo el argumento de que cumplieron con las reglas de los programas y no desviaron recursos públicos.

A estas impugnaciones se suman las de una veintena de subdelegados regionales y de servidores de la nación que fueron señalados por la Sala Regional Especializada por el mismo hecho.

Entre los que impugnaron se encuentra Indira Vizcaíno, de Colima; Rodrigo Abdalá, de Puebla; Hugo Eric Flores, de Morelos; Lorena Cuéllar, de Tlaxcala; Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, de Guerrero (quien además es hermano de la secretaria de la Función Pública Irma Eréndira Sandoval), y Joaquín Díaz Mena, de Yucatán.

La sentencia fue enviada al Órgano Interno de Control de la Secretaría del Bienestar y a la propia titular de la dependencia para que estos determinaran las sanciones correspondientes.

Las impugnaciones fueron turnadas al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, quien tendrá a su cargo la elaboración del proyecto de sentencia sobre el caso.