COLABORACIONES

Mordaza institucional

Noviembre 29, 2017

El pasado 15 de noviembre la Suprema Corte de Justicia de Nación (SCJN), ordenó Congreso de la Unión emitir la legislación correspondiente para regular el dinero público que es utilizado por las autoridades para el pago de publicidad oficial; normatividad que debía haber sido promulgada desde el año 2014, pero por omisión o complicidad del legislativo no se ha realizado, lo que ha permitido a mandatarios de los distintos niveles de gobierno tener un manejo discrecional de recursos, que no solo son utilizados para controlar medios de comunicación y amordazar periodistas, sino para atentar contra la libertad de expresión y los derechos humanos de los ciudadanos, utilizando técnicas del priismo radical de los 60´s y 70´s.

Tan solo a nivel nacional, Enrique Peña Nieto en sus primeros cuatro años de gobierno había gastado más de 34 mil millones de pesos en publicidad oficial, por lo que aprovechando la omisión del legislativo al no existir la reglamentación del artículo 134 constitucional que regule este rubro, los recursos fueron ejercidos de manera discrecional otorgando contratos millonarios a medios de comunicación como: Televisa, TV Azteca, Excélsior, Milenio, La Jornada, El Universal, entre otros, que prefirieron cambiar su línea editorial, correr o condicionar periodistas antes que perder los beneficios que les da servir al presidente.

Sin embargo, Colima no ha sido la excepción de este despilfarro de recursos que hacen los gobiernos para controlar medios de comunicación, censurar periodistas, glorificar la imagen del mandatario y de sus allegados que buscan proyectarse políticamente, o quizá simplemente para desviar recursos o pagar propaganda por adelantado de futuras campañas electorales, utilizando los contratos de publicidad oficial como método eficaz de control y pago por servicios.

El caso de Colima es muy significativo ya que en la actualidad el derroche de recursos que ha hecho el gobernador, José Ignacio Peralta, en menos de dos años de gobierno en publicidad oficial, han superado por mucho el presupuestos otorgados a institutos y secretarías de la administración estatal, de acuerdo a información proporcionada por la Coordinación General de Comunicación Social de Gobierno del Estado, a través de una solicitud de información de Transparencia y Acceso a la información; tan solo de enero a abril del 2017, el periódico de Diario de Colima, propiedad de su tío recibió $1, 654, 631.00; El Mundo, $ 400,000.00; mientras que los periódicos electrónicos como: AF Medios, $ 464,000.00 y Colima Noticias, $ 320, 000.00, mientras que la revista Dos 8, $ 100,000.00, aunque estos son de los medios impresos y electrónicos locales a los que la administración estatal les paga mejor la “publicidad oficial que difunden”, habría que sumarles las radio difusoras, televisoras, medios de comunicación nacionales y de otros estados que han sido beneficiados con contratos de publicidad oficial por la administración peralista.

Sin embargo, el dispendio en publicidad oficial, que ha hecho la administración estatal y que pretende seguir haciendo en el 2018, no se puede permitir ni tolerar, ya que no solo se atenta contra la libertad de expresión y los de derechos humanos, sino contra los principios básicos del periodismos de veracidad, objetividad y pluralidad, pero sobre todo contra la democracia de la entidad.

De ahí la importancia que tiene la sentencia de la SCJN, para que el Congreso de la Unión, emita la ley reglamentaria que regulé el gasto de la publicidad oficial antes de 30 de abril de próximo, por lo que se espera que con esta normatividad se ponga fin al despilfarro de recursos públicos que hacen los gobiernos para ocultar la realidad que el país, estados y municipios, pero sobre todo que garantice la libertad de expresión y ponga fin a la mordaza institucional que los mandatarios imponen de facto a periodistas y comunicadores como parte de las condiciones para otorgar contratos de publicidad oficial, medios de comunicación, solo esperemos que nuestros legisladores no se esperen hasta el último día para emitir la reglamentación ya que de lo contrario darán oportunidad al Presidente, Gobernadores y Alcaldes favorecer con publicidad oficial a medios de comunicación antes del proceso electoral.


miguelinosan@yahoo.com.mx

Miguel Ángel Sánchez Romero

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