COLABORACIONES

Le van a decir no a ¿Cómo vamos? Colima

Abril 26, 2017

Un grave error de forma --y al final de fondo-- cometieron los principales promotores de ¿Cómo vamos? Colima al acudir al congreso y presionar a los legisladores para aprobar la ley que les daría cerca de 8 millones de pesos, con los cuales esperan evaluar, de acuerdo a sus propios parámetros (por cierto muy discutidos), al gobierno del estado y los ayuntamientos.

Aunque la ley que daría viabilidad financiera a ¿Cómo Vamos? Colima fue propuesta por el ejecutivo estatal, ésta desde un principio se mandó a la congeladora y ahí permanece. No fue aprobada, como en su momento lo fue, la iniciativa de reforma a la Ley de Hacienda del Estado para derogar el Impuesto a la Prestación del Servicio de Enseñanza. Esta modificación a la ley de hacienda del estado fue también promovida por el gobernador.

Dicho gravamen aportaba a las arcas del estado un aproximado de 8 millones de pesos, la misma cantidad que piden ahora los empresarios promotores de ¿Cómo Vamos? Colima. Sin embargo, mientras la erogación de este impuesto incentiva la apertura de más escuelas privadas--aumentando la oferta educativa--, el financiamiento de ¿Cómo vamos? Colima implicaría la desaparición de un apoyo proporcional a este recursos para proyectos de fomento económico.

Si bien lo que piden los empresarios --y lo que la misma iniciativa del ejecutivo refiere-- es donar, de manera voluntaria, una parte del Impuesto Sobre la Nómina para la creación de contralorías ciudadanas, esta acción reduciría el monto recaudatorio del gobierno estatal, el cual de por sí tiene un pequeño margen de recaudación a través de impuestos del estado.

Además, el mismo proyecto de ¿Cómo vamos? Colima causa suspicacia, pues quién vigilará que este ente de vigilancia no incurra en prácticas de corrupción o nepotismo: ¿sería válida la contratación de familiares de los empresarios donadores? Hablamos de salarios de 15 mil pesos mensuales, ya no se diga la percepción que tendrán los puestos directivos. Asimismo, ¿cómo evitar que los resultados de las evaluaciones --positivos o negativos-- no sean utilizados como moneda de cambio o como un mecanismo de presión? Claramente hay un conflicto de intereses, pues los promotores son acaudalados empresarios, los cuales querrán más prerrogativas o menos impuestos.

Al final, la cuestión financiera pesa, y 8 millones de pesos no es una cantidad nada despreciable, máxime dentro del actual contexto financiero del estado. Por otro lado, este congreso se ha vuelto muy voluble en sus determinaciones, pues por un lado están los independientes, y por otro los del PAN y los del PRI. El lunes contabilizaron un voto en contra del legislador Javier Ceballos. Seguramente habrá más, pues a los de ¿Cómo Vamos? Colima no se les da el cabildeo.

Dos puntos



La idea del gobernador de crear una contraloría ciudadana es plausible y digna de encomio. Sin embargo, la contraloría ciudadana debe surgir genuinamente de los sectores sociales y no sólo a iniciativa de un grupo de empresarios, por más bienintencionados que sean.

CESAR BARRERA VAZQUEZ

¡ANÚNCIATE AQUÍ!