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COLABORACIONES

LOS PRIMEROS OCHO MESES

Marzo 11, 2019

ESTACIÓN SUFRAGIO

Adalberto Carvajal


Aunque López Obrador asumió por sí mismo el compromiso de presentar resultados al llegar a sus primeros cien días de gobierno, que Enrique Peña Nieto le haya transferido el poder prácticamente desde el 2 de julio –al día siguiente de su aplastante victoria electoral– mueve a los críticos de Andrés Manuel a exigirle cuentas como si estuviera cerrando el primer año de gestión presidencial.
Ampliar el plazo de evaluación de cien días a ocho meses, les permite a los detractores de la 4T enjuiciar con severidad los errores de principiantes que han cometido los colaboradores del nuevo gobierno.
Se infiere que si el gabinete fue decidido mucho antes de la toma de posesión, no son admisibles errores de diagnóstico como los que llevaron a los titulares de Energía o Bienestar a recomendar a AMLO acciones contundentes contra el huachicol o contra las estancias infantiles y los refugios para mujeres violentadas.
Además de cocinarle una papa caliente, las secretarias de Estado debieron ofrecerle al Presidente un plan operativo eficaz y una alternativa de solución inmediata.
Afortunadamente, la habilidad de López Obrador para presentar a la ciudadanía una narrativa convincente sobre los temas de abasto o prestaciones sociales, le permitió al Presidente convertir en triunfos políticos lo que se antojaba una serie de desastres.

EDUCACIÓN TEMPRANA OBLIGATORIA

Hoy no queda duda que, detrás del comercio de combustible robado, había un entramado de intereses políticos, sindicales y empresariales combinados con la delincuencia organizada. Y quién podría a estas alturas censurar la pacificación de comunidades como la de Santa Rosa de Lima, en Guanajuato.
Más costoso en términos sociales y de imagen es el desmantelamiento del esquema de estancias infantiles creadas por Felipe Calderón y sustituido, por el nuevo gobierno, con un nuevo sistema de administración de los subsidios acorde con la política de austeridad.
El debate sobre la supuesta insensibilidad del gobierno federal con las madres trabajadoras, elude el análisis del verdadero problema: la persistencia de condiciones laborales para madres de niños pequeños ajenas a la formalidad.
Sus hijos deberían estar en guarderías operadas o subrogadas por el Seguro Social, no en una estancia particular subsidiada ni con sus abuelos. Ya viene siendo hora, por lo demás, que el nivel de preescolar en el sistema educativo asuma sus responsabilidades con la atención temprana.
Hay madres que pelean la permanencia de sus hijos menores a cuatro años en una estancia infantil donde los cuidan hasta las 15 horas, pero no protestan porque al pasar al jardín de niños el horario es hasta las 12 del día.
Más eficaz en cambio fue el cabildeo de las organizaciones no gubernamentales vinculadas a los refugios para mujeres en riesgo. Su reclamo, a final de cuentas, podría derivar en una participación más directa del Estado en tareas altruistas como ésta que en el pasado fue trasladada a la sociedad civil.

UN PRESIDENTE QUE MANDA

Para erradicar la corrupción (en una amplia gama que va del uso patrimonialista del erario, con salarios excesivos y privilegios injustificables en la función pública, a negocios al amparo del poder), López Obrador tiene que vencer fuertes resistencias.
El Presidente habla de una nueva constitución moral que no es una carta magna o fundacional del Estado sino una guía de valores que impulse a adoptar nuevas prácticas y estimular mejores patrones de conducta en la población mexicana.
Pero el problema no es sólo acabar con usos y costumbres muy arraigados, sino combatir los intereses de la clase política. Y de esa comentocracia que habla de un retroceso en la democracia liberal por falta de frenos y contrapesos.
Los adversarios de López Obrador denuncian que existe una tendencia a concentrar el poder en manos del Ejecutivo, a centralizar la toma de decisiones en el Gobierno Federal y a restablecer el presidencialismo como cultura política.
Se quejan que la Presidencia de la República tiene sometido al Congreso de la Unión y bajo acoso al Poder Judicial. Y que el jefe del Estado busca acotar los márgenes de acción tanto de los organismos públicos autónomos como de las organizaciones no gubernamentales.
Incluso proclaman el resurgimiento con Morena de un partido de Estado como lo fue el PRI, ante la evidencia de un sistema de partidos donde todas las fuerzas de oposición –pero también PES y PT que se coaligaron con Morena en 2018– están destrozadas.
Olvidan, sin embargo, que López Obrador obtuvo su mayoría en las cámaras por la vía electoral y que es válido –cuando no obligado por una lógica política– conseguir la gobernabilidad del Legislativo mediante alianzas con otros partidos.
Olvidan, también, que es facultad del presidente en turno modelar la composición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la de otros tribunales especializados, mediante la presentación de ternas.

NO VAMOS A UNA DICTADURA

Hay una campaña para denunciar el acoso presupuestal y político de organismos autónomos del Estado, como el INE o el INAI, cuando realmente el Presidente no ha emprendido acciones que no sean discursivas contra los otros poderes ni contra los demás órdenes de gobierno. La investigación contra el titular de la CRE por conflicto de interés, en todo caso, se inició en la pasada administración.
Y si bien es verdad que en este país se acostumbra complacer al mandatario –de ahí el peligro de que el Presidente haga declaraciones irresponsables–, no se puede afirmar que Andrés Manuel esté buscando convertir la República en esa monarquía absoluta con la que fantasean aquellos urgidos de llamar dictador a López Obrador.

Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com. Esta columna también se puede leer en: www.carvajalberber.com y sus redes sociales.

ADALBERTO CARVAJAL

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