LOS BAJARON DE LA ORDEN DEL DÍA:

Abril 25, 2017

ESTACIÓN SUFRAGIO

Adalberto Carvajal



Cuando la cúpula de “¿Cómo vamos?, Colima” convocó a sus seguidores a acudir al Congreso este lunes, los hombres de negocios que la integran pensaban que en la sesión se analizaría la iniciativa de ley que envió el Ejecutivo para permitir a los empresarios locales que “abonan a la transparencia”, deducir hasta el 5 por ciento del impuesto sobre nómina (equivalente al 2 por ciento de lo que los patrones pagan por servicios personales) para el sostenimiento de esta organización.

Sin embargo, el punto fue “bajado” de la orden del día la víspera o a primera hora del mismo lunes. Y la pregunta no es por quién sino por qué. Tal vez porque, como ha ocurrido con otros temas de la agenda de campaña de Ignacio Peralta, la existencia de una filial en Colima de “México, ¿Cómo Vamos?” dejó de ser conveniente ya instalado en la gubernatura.

Hubo un tiempo en que los beneficios políticos que le otorgaría a Nacho el aval de una organización de la sociedad civil especializada en dar al sector privado voz y autoridad para el seguimiento de su desempeño gubernamental, eran mayores a los costos políticos que eso representaba.

Pero a poco más de un año en el cargo, cuando además de la inseguridad lo que más le critica la ciudadanía a la administración peraltista es el capricho de ciertas decisiones, entre ellas algunos gastos inexplicables en el esquema de austeridad que pregona, la asociación con “¿Cómo vamos?, Colima” no le abona mayor cosa a la legitimidad de JIPS.

Al contrario, le resta poder en la medida que a Ignacio Peralta se le ve como un político surgido de esa misma clase social y económica a la que pertenece la cabeza visible de “¿Cómo vamos?, Colima”, Guillermo Brun Solórzano. Si no se mira bien que un ex gobernador o un pariente cercano le quieran imponer la agenda y el ritmo al mandatario estatal, tampoco se vería bien que lo hiciera un grupo de presión, por nobles que sean sus fines.

Ahora bien, la decisión de desenlistar el asunto de “¿Cómo vamos?, Colima” la tomaron los diputados. De entrada, el “independiente” Nicolás Contreras que tiene el control del Congreso, apoyado por la bancada del PRI que supo interpretar los deseos de un tesorero estatal por demás ahorrativo. Y aunque si bien el secretario de Administración y Gestión Pública, Kristian Meiners (ex CEO de La Marina, la empresa insignia de la familia Brun), paga, quien decide lo que se paga y cuánto es el titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas, Carlos Noriega.

Hasta los panistas se hicieron sordos a la petición de los empoderados empresarios, porque casi ninguno de los diputados de Acción Nacional comparte la idea de que “¿Cómo vamos?, Colima” supervise los programas de gobierno con cargo al presupuesto (pues aunque se deduzcan del ISN, esos 8 millones de pesos anuales saldrían finalmente del erario) y, sobre todo, cuando se plantea hacer esa contraloría social con la información que las propias dependencias del gobierno del estado generan.

“México, ¿Cómo Vamos?” se presentan como un conjunto de universidades (CIDE, Colmex, Harvard, ITAM, ITESM y UNAM) y centros de investigación (IMCO, México Evalúa, CIDAC y CEEY) que no sólo fijan metas a partir de sus propios datos sino que le dan seguimiento al desempeño de la economía mediante un panel de indicadores (el #SemáforoEconómico) que muestran “cómo va avanzando México en el cumplimiento de metas puntuales de crecimiento y generación de empleo a nivel nacional y estatal”.

“¿Cómo vamos?, Colima” se ha limitado a solicitar información a las dependencias del gobierno estatal y los ayuntamientos que convinieron con ellos. En ese sentido, es el colmo que la administración de Peralta Sánchez haya reprobado en temas como Seguridad pero, bueno, es que en ese rubro la realidad es apabullante.

Para revisar las cuentas públicas, la Constitución local prevé la existencia de un órgano técnico del Poder Legislativo, el Osafig, y para darle seguimiento a los programas de gobierno la ley en la materia establece los lineamientos de un Consejo de Participación Social para la Planeación. ¿Dónde dice que un consejo de notables, una organización de ciudadanos distinguidos, tiene esas mismas facultades de fiscalización?

No obstante, la tendencia mundial es a la creación de observatorios ciudadanos de la actividad gubernamental, empresarial, mediática. Y es en el marco de una cruzada contra las acciones de captura del Estado por parte de las corporaciones multinacionales, las élites financieras de cada país, el lobby armamentista en Estados Unidos o la telebancada en México (por citar dos ejemplos) y toda clase de poderes fácticos incluidos los de la delincuencia organizada, que la misma sociedad civil a la que representa pero no agota “¿Cómo vamos?, Colima” reclama que esta supervisión del gasto y los programas de gobierno abarquen también las asociaciones público-privadas (como el Eco-Parc o La Campana) y, especialmente, todos aquellos negocios hechos al amparo del poder.

Nadie niega las enormes aportaciones que el sector privado puede hacer al debate público sobre las políticas de desarrollo y al establecimiento de metas claras para alcanzar esos objetivos como sociedad, el problema es que todo eso tiene que estar contemplado en un marco normativo y sujeto, a su vez, al escrutinio público. Y bueno, pues ayer uno de los poderes del estado decidió no darle a un organismo externo facultades legales para influir en el gobierno.

La prensa consignó que los empresarios habían “tomado el Congreso”, que habían hecho acto de presencia para “presionar”, etcétera. La verdad es que a los dirigentes de “¿Cómo vamos?, Colima” los dejaron colgados de la brocha. Y desde el Ejecutivo, nadie ha hecho esa labor política de explicarles que sus servicios ya no son requeridos.

Entusiasmados con esta nueva forma de participación ciudadana (hasta antes de asumir la presidencia de Coparmex en Colima, Guillermo Brun era una figura empresarial y conocido filántropo, pero no una personalidad de la política), tampoco nadie les ha explicado a esos empresarios que la gestión pública también conlleva costos políticos. El primero, que los acusen de querer vivir del presupuesto cuando ninguno de ellos tiene necesidad.

ADALBERTO CARVAJAL