COLABORACIONES

LA MUERTE DE UN COLIMEÑO

Octubre 20, 2017



¿La investigación sobre el asesinato de Crispín Gutiérrez arrojará luces sobre una lucha violenta por el poder político en Ixtlahuacán, o abrirá líneas en otra dirección?

Por Adalberto Carvajal



Mientras me preguntaba qué resultaba más escandaloso, que el Gobierno de la República se refiere a los habitantes de este estado como “colimeños”, en un promocional de televisión, o el intercambio de acusaciones entre Rogelio Rueda y Enrique Michel, con Martha Zepeda terciando en el debate acerca de cuál partido tiene las prácticas más misóginas, ocurre algo verdaderamente importante.

No digo que cuál es misógino, porque la misoginia es una de las características de la práctica política en México como ocurre en otras sociedades patriarcales, sino cuál partido lo es más. Es una discusión entre las cúpulas que parece sacada del Chavo del 8: “¡Eres bien menso!”, “Pues tú eres más”.

Y es entonces cuando nos enteramos que el verdadero escándalo político de la semana (del mes y probablemente del año, a menos que, ¡Dios no lo quiera!, este crimen sea el preámbulo de un episodio de violencia en el marco del proceso electoral de 2018) es el asesinato del alcalde de Ixtlahuacán, Crispín Gutiérrez Moreno.

Reviso su ficha en Wikipedia y descubro que ya alguien se encargó de actualizar la información, anotando que: “Fue ejecutado el día 20 de octubre 2017 en la carretera Colima-Manzanillo”.

Apenas una hora antes, la Procuraduría General de Justicia había confirmado la muerte del presidente municipal, “quien fue privado de la vida la mañana de este viernes, cuando circulaba por la autopista Manzanillo-Guadalajara, a la altura de la comunidad de Loma de Fátima, en el municipio de Colima”.

Versiones extraoficiales hablaban de la frustrada detención de los dos probables responsables de este homicidio, en las inmediaciones de la Ermita de la Virgen de la Candelaria, cerca de Tecomán, pero la PGJE se limitó a destacar el “operativo especial de búsqueda y localización, de quienes dispararon contra el alcalde cuando viajaba en su vehículo rumbo a la capital de colimense”, implementado por “las corporaciones del estado en coordinación con las instituciones federales”.

No sólo por las implicaciones políticas sino por las circunstancias del asesinato, que corresponden a una tipología usual en la delincuencia organizada, eventualmente la investigación podría ser atraída por la Procuraduría General de la República.

Eso no es seguro porque el gobierno federal no se ha preocupado por atraer los homicidios de los políticos de oposición y luchadores sociales cometidos en Guerrero, y porque… Crispín Gutiérrez presidía uno de los dos ayuntamientos que tiene el PRI en el estado, e investigar esta muerte como un delito federal supondría un golpe político para el gobierno priista de Ignacio Peralta Sánchez.

Gutiérrez Moreno era, si no el jefe, al menos sí la cara visible de un grupo empresarial y político que ha sabido mantener la hegemonía en ese municipio, incluso jugando a la alternancia entre el PAN y el PRI. Previo a una elección, se podían hacer apuestas respecto a qué partido tendrá mayoría en el Cabildo. De lo que nadie dudó en Ixtlahuacán es que el poder lo seguirían teniendo los mismos.

En ese sentido, ¿el homicidio de Crispín Gutiérrez busca romper esa hegemonía? ¿Las investigaciones arrojarán luces sobre una lucha violenta por el poder político en Ixtlahuacán, o abrirán líneas en otras direcciones?

Tomar una decisión al respecto es crucial para la Procuraduría local, y en general para el aparato de seguridad pública en el estado, porque hasta ahora nuestras autoridades se habían limitado a decir que las muertes ocurridas al calor del enfrentamiento entre los cárteles con presencia en la región, respondían a una circunstancia ajena a la sociedad colimense.

Sin embargo, este atentado fue dirigido a otro miembro de la clase política. Y es la segunda muerte de ese tipo en lo que va del sexenio de JIPS, si consideramos el asesinato de Jaime Vázquez Montes, delegado federal de la Sedatu, que, según se filtró, ocurrió por una confusión pues, supuestamente, el blanco era un comandante de la policía estatal que manejaba una camioneta del mismo modelo y color.

Ayer mismo fue baleado el alcalde de Coalcomán, Michoacán, José Misael González Fernández, cuando se encontraba cerca de una planta trituradora en la salida a Tepalcatepec.

Sin elementos para suponer que se trató de acciones concertadas, no podemos ignorar que Ixtlahuacán es la puerta de entrada a Colima para una región de Michoacán que tiene a Coalcomán como eje económico.

Con todo, posiblemente se trata sólo de una trágica coincidencia. En Michoacán se ha desatado una nueva ola de violencia que alcanza, una vez más, a las autoridades municipales. El viernes 6 de octubre fue baleado el presidente municipal de Paracho, Stalin Sánchez González, quien falleció horas después a consecuencia de las heridas.

POSDATA:

Por cierto, el gentilicio que las autoridades usan para referirse a sus gobernados es “colimense”. Coloquialmente, y a la usanza tradicional, se emplea “colimote”.

“Colimeño” no es necesariamente ofensivo, pues se construye de manera similar a “costeño” o “porteño”, pero denota esa indolencia discursiva con la que el gobierno central trata a Colima.

Ya nada más falta que en la publicidad oficial digan que “Comalá” (así, con acento en la última sílaba) dejó de ser pueblo mágico, por falta de méritos.

Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com. Esta columna también se puede leer en el sitio web CARVAJALBERBER: www.aacb2.com.

ADALBERTO CARVAJAL

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