COLABORACIONES

Confundidos…

Octubre 13, 2016

El asunto de la calificación de las cuentas públicas ha puesto nerviosos a muchos, por un lado a quienes están siendo señalados como responsables de diversas irregularidades y que de acuerdo al Informe Superior de Fiscalización que entregó el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (OSAFIG), a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del Congreso del Estado, está proponiendo se apliquen sanciones económicas resarcitorias directas, e inhabilitaciones y en algunos casos destituciones.
Por el otro, a los diputados de la Quincuagésimo Octava Legislatura, que les tocará sancionar a los señalados, y que el desasosiego es porque consideran que ya se les vencieron los tiempos en algunos casos, como en el de la cuenta pública del Poder Legislativo, donde ya transcurrió un año de que dejaron su responsabilidad; y en otros a punto de suceder, como es el de los Ayuntamientos anteriores, que pasado mañana, el día 15 cumplen un año de haber dejado su encargo; y los de la administración estatal que encabezó Mario Anguiano Moreno, que cumplirá un año el próximo 30 de octubre.
El baile comenzó porque en el caso de lo que será la cuenta pública del Poder Legislativo, aparecen señalados ocho ex diputados propuestos para ser sancionados por haberse autorizado y haber recibido un bono apenas un día antes de concluir el período constitucional de la anterior Legislatura.
De acuerdo al informe entregado por el Auditor Superior del Estado se propone sancionar con inhabilitación por un año, destitución de los cargos públicos que tengan en la actualidad y sanción económica resarcitoria, para los ex diputados integrantes de la LVII Legislatura, Martín Flores (PRI), Gina Rocha (PAN), Jesús Villanueva (Nueva Alianza), Francisco Rodríguez (PRD), Mariano Trillo (PVEM) y Marcos Daniel Barajas (PT), quienes integraron la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios.
Según el informe, en el caso de quienes conformaban la Comisión de Gobierno Interno, la sanción es por haberse entregado un “bono de apoyo económico” de 50 mil pesos a cada ex diputado y que quedaron registrados en la partida 13416 “Ajuste”, por autorizar y recibir el mismo, señala el Auditor Superior del Estado, en el informe.
La sanción propuesta es destitución del cargo que actualmente desempeñen; e inhabilitación por un año para ocupar empleos, cargos o comisiones en el sector público. Así como sanción económica resarcitoria por 50 mil pesos a cada uno de los citados, que es el equivalente a los importes autorizados y recibidos por concepto de bono, señala el informe en cuestión.
Para el caso de los ex legisladores Oscar A. Valdovinos Anguiano y Arturo García Arias, la propuesta de sanción es destitución e inhabilitación por un año para ocupar empleos, cargos y comisiones en el sector público y se les aplique una sanción económica resarcitoria por cien mil pesos a cada uno de los ex diputados, equivalente a los importes recibidos por concepto de bono.
Y es que en el informe entregado por el OSAFIG señala a Oscar Valdovinos y a Arturo García Arias, como responsables “por solicitar y aceptar el BONO DENOMINADO COMPENSACIÓN EXTRAODINARIA (las mayúsculas son del original) en relación a los trabajos y actividades que cada uno de ellos lleva a cabo en el ejercicio de sus funciones…”, de 100 mil pesos cada bono.
Los ex diputados señalados en el informe de OSAFIG, sacaron la cabeza apenas este lunes mediante un comunicado de prensa, donde dicen que integraron un frente para “…defendernos en los términos que la ley establece, así como a ofrecer las pruebas durante el desarrollo del procedimiento que tenga lugar, esto a fin de demostrar que actuamos conforme a la ley y que en ningún momento incurrimos en irregularidad alguna”.
Los ex diputados se desgarran las vestiduras diciendo que “…en ningún momento fuimos notificados por parte del Osafig ni se nos concedió el derecho de audiencia que la ley establece”.
Según ellos la anterior legislatura fue la más productiva y que “…que durante los 3 años la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, atendió durante el periodo legislativo más de 600 decretos, además de que se llevaron a cabo más de 200 sesiones de dicha Comisión”.
Y que siempre trabajaron con un presupuesto austero pero omitieron señalar que en 2015, rebasaron en dos millones 535 mil 142 pesos, su presupuesto autorizado, por lo que hubo necesidad de que el Gobierno del Estado le transfiriera esos recursos y dejar una deuda de un millón 845 mil 397 pesos a pagar en corto plazo.
Se les debe promover acción penal
Los ex diputados de la Quincuagésimo Séptima Legislatura, en ninguna parte de su boletín, reconocen que violaron la Ley, y ellos saben que lo hicieron y si no les ayudaré un poco a que lo recuerden.
De acuerdo a la Ley que Fija las Bases para las Remuneraciones de los Servidores Públicos aprobada mediante Decreto 304, el 25 de febrero del año 2010, promulgado por el ex gobernador Mario Anguiano Moreno, y publicada en el periódico oficial “El Estado de Colima”, No. 9, Suplemento 1 del 27 de febrero de 2010, ahí claramente se señala que están prohibidos los bonos y las compensaciones y la sanción que se indica en ese ordenamiento legal es que se paga con cárcel.
De acuerdo al Artículo 39 de esa Ley, se preceptúa el tipo penal relativo a aquellos servidores públicos que autoricen, y también a quienes reciban, el pago de bonos o gratificaciones extraordinarias a servidores públicos durante el tiempo de duración de su encargo o con motivo del vencimiento de su mandato.
En el Capítulo V, denominado DE LAS INFRACCIONES, DELITOS Y SANCIONES, dice en el Artículo 36, que: “Artículo 36.- Los servidores públicos que incumplan las disposiciones del presente ordenamiento, incurrirán en las responsabilidades previstas en la Ley de Fiscalización Superior del Estado y en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, sin perjuicio de las conductas penales en que puedan incurrir.”
Y concretamente el Artículo 39 señala que: “Artículo 39.- Se impondrá de seis meses a cuatro años de prisión, multa hasta por ciento cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Estado e inhabilitación hasta por un término igual al de la pena corporal impuesta para desempeñar empleo, cargo o comisión público, a quien autorice el pago de los bonos o gratificaciones a que se refiere el artículo 25 de esta ley.”
Y añade: “Al servidor público que reciba el pago de cualquier percepción a que refiere el párrafo anterior, se le impondrá una pena de prisión de tres meses a tres años, multa hasta por cien días de salario mínimo general vigente en el Estado e inhabilitación hasta por un término igual al de la pena corporal impuesta para desempeñar empleo, cargo o comisión público.”
A su vez el artículo 25, especifica que “No se establecerán en los presupuestos de egresos pago de bonos ni gratificaciones extraordinarias a los servidores públicos, durante el tiempo de duración de su encargo, o con motivo de la conclusión de su mandato o gestión, ni podrán ser modificados para cubrirlos.”
Así de claro, los ex diputados se auto otorgaron bonos, violando de manera flagrante la Ley que Fija las Bases para las Remuneraciones de los Servidores Públicos, y consecuentemente se les debe promover acción penal.
No ha prescrito la acción…
Ahora hay que decir que también de manera dolosa han dejado correr la versión de que de conformidad al Artículo 126, de la Constitución Política del estado Libre y Soberano de Colima, la acción legal ha prescrito, porque ya pasó un año de que concluyó su encargo, consecuentemente ya no se les puede fincar responsabilidad alguno, lo cual es un error.
Si bien el citado artículo 126 señala que “…La responsabilidad por delitos y faltas oficiales de funcionarios o empleados públicos que gocen de fuero constitucional, sólo podrá exigirse durante el ejercicio del encargo y un año después. Las sanciones correspondientes se aplicarán dentro de un período no mayor a un año a partir de iniciado el procedimiento”.
Y en un segundo párrafo clarifica la situación cuando plasma que: “…En cuanto a los delitos comunes se observarán las reglas generales de la prescripción”. Hasta ahí.
¿Por qué le digo que están mal en su apreciación? Le explico…
El primer párrafo del artículo 126 de la Constitución local, señala que la responsabilidad solo se le podrá exigir durante su ejercicio del encargo y un año después, sí, pero eso es para el juicio de responsabilidades, que no es el caso. Aquí lo que se les debe promover a los ex diputados que violaron fue la Ley que Fija las Bases para las Remuneraciones de los Servidores Públicos, es una acción penal, porque la norma establece que la violación de esta ley se debe pagar con cárcel.
Hay que hacer mención que en los considerandos de esta Ley que Fija las Bases para las Remuneraciones de los Servidores Públicos, cuando fue aprobada, destaca que es la ley reglamentaria del Artículo 127 Constitucional, en cuyo decreto “…se establece la obligación para las legislaturas federal y estatales, de expedir, tipificar y sancionar penal y administrativamente las conductas de los servidores públicos que impliquen el incumplimiento o la elusión por simulación de lo establecido en dicho precepto constitucional, obligación que fue atendida parcialmente en el artículo 8º de la iniciativa, pues este numeral remite en materia de responsabilidades por incumplimiento de los servidores públicos a lo dispuesto por la Ley de Fiscalización Superior y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ambas del Estado de Colima; incumpliéndose así lo relativo a la tipificación y sanción en materia penal.”
Se precisa que respecto a la responsabilidad administrativa de los servidores públicos, se hará la remisión tanto a la Ley de Fiscalización Superior como a la de Responsabilidades de los Servidores Públicos, sin perjuicio de las conductas y sanciones penales en que puedan incurrir estos últimos.
¿Qué les toca hacer a los diputados?…
Una vez que ya le dejé claro, (al menos lo intenté), que no ha prescrito la irregularidad que señaló el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, ahora lo que corresponde es que al estar tipificada como delito la acción cometida por los ex diputados de la Quincuagésimo Séptima Legislatura, se debe emprender la acción penal, tanto para el que autorizó, como para el que recibió el bono.
Y aquí deben aplicarse en el trabajo por un lado la Comisión de Hacienda y por el otro la Comisión de Responsabilidades, ¿por qué? Porque cinco de los ocho ex diputados involucrados, gozan de fuero constitucional, al ser integrantes de diferentes cabildos.
Francisco Javier Rodríguez, es síndico en el Ayuntamiento de Colima; Oscar Valdovinos Anguiano, regidor en el cabildo de Colima; Arturo García Arias, regidor en el cabildo de Tecomán; Mariano Trillo Quiroz, regidor en el Ayuntamiento de Manzanillo; y Jesús Villanueva Gutiérrez, regidor en el Ayuntamiento de Villa de Álvarez, en consecuencia se les debe instaurar el respectivo juicio para retirarles el fuero y se pueda ejercer acción penal y destituirlos del cargo como se propone en la sanción.
Los otros tres involucrados en la cuenta pública del Poder Legislativo son Gina Araceli Rocha Ramírez, actualmente Contralora en el Ayuntamiento de Villa de Álvarez; Martín Flores Castañeda, Secretario General del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado; y, Marcos Daniel Barajas Yescas, colaborador en los CENDIs, y miembro de la comisión operativa estatal del Partido del Trabajo, ninguno de ellos tiene fuero.
Ojalá los legisladores se pongan las pilas y se metan de lleno a aplicar las sanciones, ahora que si todo es mediático y la idea es no sancionar a nadie, pues que también lo digan para no estar haciendo consentir a la gente.
Por lo pronto, espero haberles aclarado esa confusión de que los tiempos estaban rebasados, no, los delitos no han prescrito y se pagan con cárcel y con sanción económica, eso dicen las leyes.
Acudió el Procurador al Congreso
Este miércoles acudió al Congreso del Estado, el Procurador General de Justicia del Estado, Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, quien había sido citado para que informara de los avances de las denuncias interpuestas en contra del ex gobernador Mario Anguiano Moreno y otros ex funcionarios de la administración gubernamental saliente.
Esta fue la segunda ocasión ya como Procurador, que asiste a reuniones de trabajo ante los diputados Felipe de Jesús Muñoz. Debo decirle que la reunión, aunque cuando se había aprobado que iba a ser comparecencia y consecuentemente debía ser en el salón de sesiones, la hicieron a puerta cerrada en la Sala de Juntas, donde solo se permitió a los medios, al inicio, entrar a tomar fotografías, luego fueron sacados.
Según comentarios de la diputada Martha Leticia Sosa Govea, no existe ningún avance en las denuncias, al grado que ni siquiera se ha terminado de elaborar la carpeta de investigación y no se ha definido si se ha configurado algún delito en contra del ex gobernador del estado Mario Anguiano y demás acusados.
Y de la tercera denuncia que se acaba de interponer el viernes de la semana pasada en contra del ex gobernador Anguiano, ahora por 66.8 millones de pesos, por irregularidades de las auditorías de la cuenta pública 2015, ni siquiera se le ha dado entrada y no ha sido llamado el Auditor Superior del Estado, Carlos Armando Zamora González, para que ratifique la denuncia.
A decir de la ex coordinadora del PAN, el Procurador General de Justicia, le está dando a la denuncia en contra del ex gobernador Anguiano, el mismo trato que a cualquier otra que se presenta en la Procuraduría, cuando por la trascendencia debiera dársele prioridad, dijo.
Coincidieron la legisladora Sosa Govea y el Auditor Superior del Estado, en que el Procurador del Estado, les dejó claro que ese asunto no está próximo a prescribir, dicen que les dijo que “eso no va a suceder, estamos lejanos de que vaya a prescribir”.
Para cerrar…
**Los diputados de la Comisión de Hacienda del Congreso, donde se encuentran los priistas Santiago Chávez y Federico Rangel Lozano, los panistas Riult Rivera Gutiérrez y Julia Licet Jiménez Angulo y el diputado independiente Nicolás Contreras, andan nerviosos, ayer convocaron de última hora a una rueda de prensa por la tarde, donde por conducto del presidente de esa comisión Santiago Chávez, se le fueron a la yugular al Auditor Superior del Estado, Armando Zamora González, a quien están acusando de tratar de proteger a los ex diputados y al ex gobernador Mario Anguiano así como a los demás ex funcionarios estatales, para que no sean sancionados.
Las acusaciones fueron fuertes, porque están acusando al Auditor Superior del Estado de estar ocultando documentación a los legisladores…
Me da la impresión de que le están tendiendo la cama, habrá que esperar, pero de eso ya le estaré ampliando la información en la siguiente entrega.
**Por lo pronto le comento que este día habrá algunas movilizaciones, por ejemplo a las 10:00 horas los del Movimiento Antorchista, nuevamente saldrán a las calles y marcharán de las oficinas del Insuvi, por el rumbo de la Piedra Lisa, a Casa de Gobierno, para seguir haciendo presión para que les entreguen viviendas.
**A la misma hora, 10:00 de la mañana, pero en las instalaciones del auditorio del Archivo Histórico del Municipio de Colima, a un costado del Teatro Hidalgo por la calle Independencia, se realizará una reunión donde dialogarán el Presidente de Bienes Comunales de Zacualpan, Taurino Rincón Lorenzo, acompañado de habitantes de aquella comunidad y el delegado de la Procuraduría Agraria, Jesús Alberto Velasco.
Según trascendió el objetivo de la reunión es para que la Procuraduría reconozca a Taurino Rincón, como presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Zacualpan, de conformidad a lo que se acordó el lunes anterior en la manifestación que realizaron afuera de las oficinas de la Procuraduría Agraria.
**También le comento que este viernes habrá sesión en el Congreso, hasta ayer no habían definido qué asuntos llevarán al pleno, ya le comentaré lo que aborden.
**Y para cerrar solamente comentarle que ayer 12 de octubre se cumplió un año del atentado en contra del ex gobernador Fernando Moreno Peña y que hasta el momento no hay mayores avances en las averiguaciones para encontrar a los responsables, tanto intelectuales como materiales de la agresión y que se supone viene realizando la Procuraduría General de Justicia del Estado. Su titular Felipe de Jesús Muñoz, ayer dijo que sí hay avances, pero no dio a conocer nada… vaya usted a saber… mejor ahí le paramos y nos vemos en la próxima.

Juan Ramón Negrete Jiménez

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