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COLABORACIONES

Caseta: dignidad y legalidad

Octubre 25, 2018


Más que un triunfo de la sociedad civil, la reducción a 45 pesos del costo del peaje de la caseta de Cuyutlán – efectivo sólo para automovilistas de Colima—parece una medida desesperada de la empresa para aminorar la presión social y continuar con el negocio.

Y es que el fondo del asunto es de carácter legal: hay elementos jurídicos, sólidos, para quitarle la concesión a esta empresa que administra la caseta de Cuyutlán. Se requiere, por lo tanto, con la ley en la mano, hacer una revisión financiera escrupulosa, por medio de auditorías, y comprobar la legalidad de su permanencia.

El asunto se debe judicializar y no quedar en la opinión pública, en especial cuando la respuesta de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) no fue satisfactoria para el gobierno del estado, por lo que el asunto, legalmente, sigue. Hay que recordar, además, que hubo toda una investigación, por parte de la legislatura pasada, que documentó las irregularidades de la concesión con la que opera, actualmente, la empresa que administra la caseta de Cuyutlán.

Si bien es cierto que hay un clamor unísono de la sociedad que exige el retiro de la caseta de Cuyutlán, lo más beneficioso para el estado no es quitarla, sino que su administración pase al gobierno del estado, con la condición de que no se les cobre a los automovilistas colimenses ni un solo peso. Que se les cobre únicamente a los miles de tráileres que transitan por esa zona al día, y que cada vez son más.

De esa forma se fortalecen los ingresos del estado, lo que le permite por un lado darle mantenimiento a la autopista y, por otro, más importante, fortalecer financieramente al gobierno estatal para generar más acciones en beneficio de la población. Así puede haber más becas y obra pública.

Ahora bien, esto no sólo le permitirá al gobierno de Ignacio Peralta tener una mayor capacidad de ingresos estatales, rubro en el que ha obtenido resultados sin precedentes, sino que también le dará la capacidad para aumentar sus ingresos por participaciones federales.

¿Por qué el gobierno estatal y no los municipios de Manzanillo, Tecomán o Armería? Porque con el gobierno estatal el beneficio sería más colectivo y no se focalizaría sólo a un ayuntamiento. Pero para conseguir un beneficio colectivo, se requiere del respaldo de toda la clase política, tanto de Indira en el gobierno federal como coordinadora, Vladimir en el legislativo, como un buen gestor y el mismo gobernador Ignacio Peralta.

Se requiere dejar a lado los antagonismos partidistas para, realmente, conseguir un beneficio sin precedentes en la historia del estado. Actualmente, no hay un tema más importante que el del retiro de la caseta de Cuyutlán. Y los políticos, independientemente de sus colores, tienen que hacer equipo para responder a los intereses de los colimenses.

Dos puntos

El asunto de la caseta de Cuyutlán también es una cuestión de dignidad. No nos pueden ver la cara a los colimenses. La reducción del costo del peaje obedece a una presión social y jurídica –más importante esta última--, lo que comprueba además que la empresa siempre subió el costo de manera discrecional y arbitraria: así como lo sube lo baja, sin indicadores ni parámetros objetivos. Esto es un hecho irrefutable, y que encabrona.

CESAR BARRERA VAZQUEZ

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