54.84.236.168

COLABORACIONES

ACALLARON LA PROTESTA:

Febrero 22, 2018


Horas antes de que se realizara en la capital una protesta silenciosa para lograr la seguridad y justicia en el estado, denominada “Una luz por Colima” y convocada por las cámaras empresariales para hacer un reclamo por el homicidio de Ricardo Uribe Clarín –sucedido ocho días atrás como consecuencia de un asalto bancario afuera de Plaza San Fernando–, en Tecomán fue asesinado el regidor panista Martín Cázares Zárate.
El joven de 28 años se encontraba en el rancho de su familia, El Sacrificio, en las inmediaciones de la zona urbana, haciendo labores del campo cuando fue agredido por dos sujetos que llegaron al lugar en una motocicleta (el mismo tipo de vehículo que utilizaron los asaltantes que ultimaron a Uribe). Martín recibió al menos cinco balazos y su cuerpo quedó tendido junto al tractor.
Varios de los medios que dieron la noticia apuntaron que cerca del rancho de los Cázares, ubicado a un costado del libramiento Rubén Tello, asesinaron el 7 de enero a seis personas que estaban degustando leche recién ordeñada. Dato que, además de curioso, sólo refleja que Tecomán es ya una gran escena del crimen.
Como ellos dos (personajes muy conocidos en diferentes círculos sociales: Ricardo Uribe en el ámbito de la promoción cultural y la publicidad institucional; Martín Cázares en la producción limonera y, ahora, en la política), suman ya centenas las víctimas de la inseguridad en el estado, aunque no todos los homicidios hayan tenido la misma repercución pública
Cázares Zárate llegó al ayuntamiento tecomense como parte de la planilla panista encabezada por el hoy alcalde Lupillo García Negrete, con quien Martín formó parte del movimiento que derivó en el Consejo Limonero, el mismo que ha venido exigiendo apoyos gubernamentales para combatir el HLB, una plaga que mermó la producción de cítricos en el estado.
Como pasa con Uribe Clarín, por tener un conocido y honesto modo de vivir nadie puede afirmar que a Martín Cázares lo mataron en un “ajuste de cuentas”. Lo vimos andar solo, sin escoltas pero con muchos amigos, y nada temía la tarde en que llegaron los sicarios a su rancho.
Este agrónomo, egresado de la Universidad de Colima, presidía la comisión de Desarrollo Rural y la de Juventud y Deportes en el cabildo municipal. En ambas desplegó un ambicioso programa de trabajo, en buena medida impulsado por la legítima aspiración de continuar su carrera política en el Congreso local.
Mediante el boxeo amateur y el impulso a deportes que no reciben regularmente los apoyos que se le prodigan al futbol, Martín Cázares creía en el poder rehabilitador del ejercicio físico y, sobre todo, en la eficacia preventiva de una filosofía basada en el ideal: mente sana en cuerpo sano.

ASESINATO POLÍTICO:
La muerte del munícipe inaugura formalmente la etapa de homicidios que deberá aclarar el nuevo encargado del despacho de la Procuraduría (sujeto a confirmación como titular), Gabriel Verduzco Rodríguez, en un ambiente de inseguridad en la que ya debería haber empezado a influir el nuevo secretario de Seguridad Pública, Hugo Vázquez Colorado, ambos funcionarios nombrados la semana pasada en un manotazo sobre la mesa por el gobernador Ignacio Peralta, dolido por la muerte de su “amigo personal” Ricardo Uribe.
Sin embargo, los primeros resultados de la investigación son iguales a la de la mayoría de los homicidios dolosos que ocurrieron en los dos primeros años del régimen, y los que sucedieron durante el sexenio pasado: las autoridades no tienen pistas de la identidad de los sicarios ni de los motivos que llevaron al atentado.
Si bien hubo muchas otras víctimas de la inseguridad antes que Martín Cázares, la trascendencia del ataque a un edil convierte a este crimen en un hito de la historia negra que están viviendo los tecomenses.
Por la gran cantidad de homicidios dolosos registrados, la antigua “capital mundial del limón” comparte con Manzanillo el dudoso honor de ser dos de los municipios más violentos del país. La otrora “chequera del estado” es, de hecho, la localidad con mayor número de asesinatos por cada 100 mil habitantes a nivel federal (una tasa de 181 de acuerdo al último reporte del Sistema Nacional de Seguridad Pública, según publicó El Universal).
La explicación oficial es que Tecomán, el viejo “norte chiquito”, es una de las plazas en disputa entre los cárteles de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación. El control del puerto de Manzanillo como entrada de los cargamentos de droga y de la ruta que seguirían estas sustancias hacia los grandes centros de distribución, como es Guadalajara, convierten al municipio iguanero (y a su vecina Armería) en campo de batalla. Como algunos municipios del sur de Jalisco, Tecomán es la triple frontera en la que se enfrentan esas dos mafias y el grupo criminal que en este momento domina la costa michoacana.
Sin embargo, en un Estado menos fallido el narcotráfico a gran escala podría estarse desarrollando en forma discreta y hasta silenciosa en todo el occidente del país. No es así. El diagnóstico sobre la inseguridad que el gobierno de Ignacio Peralta no ha comunicado (si es que ha elaborado algún diagnóstico) indicaría que, a la par del trasiego de las drogas, la disputa por el mercado del narcomenudeo genera probablemente tanta violencia como el negocio en volumen.
Narcotráfico y narcomenudeo involucran en el estado de Colima a una cantidad inimaginable de personas que ya no tienen un modo honesto de vivir. Son tantas que los grupos delincuenciales las matan como moscas, sin que eso afecte la distribución ni el consumo. En este comercio ilegal, se asesina por deudas ínfimas sin que a los traficantes les preocupe quedarse sin vendedores ni compradores.
Así de extendido está el problema de las adicciones, como resultado de la mentada descomposición del tejido social pero, también, de las facilidades que existen para la venta de enervantes y los bajos precios que alcanza la mercancía por sobreoferta. No hay persecución policial que encarezca la droga ni esfuerzos institucionales por contener el volumen de enervantes que circulan en el mercado local.
Un informe sobre la inseguridad en Colima (que no se incluirá por supuesto en la propaganda oficial por los dos años de gobierno de Peralta Sánchez), tendría que exponer también las otras modalidades de delincuencia organizada que se están desarrollando en Colima, cometidas por los “dueños de la plaza”, sus colaboradores eventuales o todos aquellos malandrines que aprovechan la tolerancia gubernamental a actividades ilícitas presumiblemente pactadas.
Entre estas actividades criminales figuran la extorsión, el secuestro y el despojo de tierras, robo disfrazado como compra-venta en las que el propietario rural es obligado a malbaratar su huerta, rancho, empaque o industria.
No sólo en Tecomán, el terror embarga a empresarios de todos los giros y de todo el estado, así como a profesionistas que ejercen por su cuenta, quienes han recibido amenazas o aseguran sufrir ya el cobro de piso.
En ese contexto, el nuevo procurador tiene que establecer si Martín Cázares es una más de las víctimas de esta impunidad.

POLITIZARON LA INSEGURIDAD:
El mismo día en que se realizaba el funeral de Martín Cázares, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública emitió un comunicado llamando “a todos los partidos políticos y a sus diversos actores a fin de evitar lucrar políticamente con el tema de seguridad en nuestro estado, ya que el hacerlo, lejos de contribuir a resolverlo, propicia incertidumbre y condiciones de enfrentamiento político, además de mostrar poco respeto por las víctimas de estos lamentables sucesos”.
Pese a los buenos deseos de estos ciudadanos, consejeros de un aparato de seguridad que no funciona, el asesinato del regidor tecomense precisamente hace obligada una discusión pública sobre el impacto que la delincuencia y la impunidad tendrán en el proceso político-electoral 2018. No son los partidos los que están politizando el tema de la inseguridad, sino los delincuentes que, aparentemente, pretenden influir en el proceso electoral atentando contra los aspirantes a un cargo.
Tres homicidios ya marcan tendencia. Hacia el 2018 han sido asesinados con similares características el director de la Comisión de Agua de Manzanillo (CAPDAM), Daniel Cortés Carrillo; el presidente municipal de Ixtlahuacán, Crispín Gutiérrez Moreno, y ahora el edil tecomense Martín Cázares.
Aunque el primero no desempeñaba un cargo de elección popular, era el aspirante más notorio a la candidatura del virgilismo (respaldada seguramente por la alianza PRI-PVEM) a la alcaldía de Manzanillo. De no haber perecido, seguramente Daniel Cortés sería hoy el candidato de la coalición verde tricolor a la presidencia municipal porteña, no Virgilio Mendoza, quien tiene que ir por su tercera elección al mismo cargo ante la imposibilidad de que la alcaldesa Gabriela Benavides se reeligiera, ya fuera por el PAN o con su nueva afiliación política.
El nuevo esquema de reelección inmediata posibilitaba la postulación de Crispín o, dado su récord de triunfos electorales, la búsqueda de la diputación local. Y Martín Cázares era mencionado como aspirante a la candidatura del PAN a diputado local por uno de los distritos de Tecomán.
El asesinato como una manera de frenar trayectorias políticas e influir en los resultados mediante la manipulación de las fórmulas electorales, es algo que hemos visto en otros estados. Y no sería insólito que se presenten en los comicios de este año en Colima, una entidad donde dos ex gobernadores han sufrido atentados: Silverio Cavazos Ceballos, quien por cierto era de Tecomán, no sobrevivió; Fernando Moreno Peña se repuso de cinco heridas de bala y ahora es candidato al Senado.
De los tres contextos en los que se han ocurrido los homicidios dolosos que agobian al estado (la disputa por la plaza, la acción impune de los grupos criminales y la violencia política), la Procuraduría de Justicia está obligada a aclarar en cuál encuadran cada uno de los asesinatos cometidos, y no sólo los hechos sangrientos más sonados.
Es un acto de justicia para las víctimas y sus familiares, doblemente victimizados por la declaración oficial, no corregida hasta ahora, de que todos los muertos “de alguna manera estaban involucrados” con el hampa.
Pero además de lograr la captura de los responsables materiales e intelectuales, en coordinación con la SSP y todas las dependencias que conforman el Gabinete de Seguridad, las autoridades de procuración de Justicia tienen la obligación de desplegar las estrategias para frenar esta avalancha de delitos, entre los cuales los homicidios no son sino el crimen más horrendo.

Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com; esta columna se puede leer también en carvajalberber.com y en sus redes sociales.

ADALBERTO CARVAJAL

¡ANÚNCIATE AQUÍ!

54.84.236.168